Por: Antonio Hernández
Para el tiempo de crisis hídrica vigente en Monterrey, el gobernador Samuel García implementa decisiones políticas sin base científica, contrarias al derecho humano al agua, que favorecen la privatización de este servicio en la metrópoli.
Su anuncio sobre la realización del proyecto Monterrey VI como solución al abastecimiento de agua en la ciudad, es incongruente con la política pública establecida en el Plan Hídrico Nuevo León 2050.
Tengamos presente que posterior a la formulación de ese documento, y seguido a su evaluación por la Comisión Nacional del Agua, esa institución aprobó el Plan, adquiriendo carácter de política pública tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
¿Por qué invertir dinero y conocimiento científico altamente especializado en formular una política, si el gobierno estatal no va a seguir sus criterios?
Para garantizar la seguridad hídrica -evitar al máximo la destrucción en huracanes y garantizar el abasto de agua sin depender de las lluvias- el Plan define proyectos acordes con esas líneas y prioriza sobre su tiempo de implementación; y en ello, no incluye el Monterrey VI.
El Plan prioriza en el corto plazo recuperar agua no contabilizada hasta 1 m/s, un programa de conservación del agua, optimizar operación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey respecto a presas y pozos, e incorporar nuevas fuentes ubicadas en la ciudad y municipios cercanos. A partir del 2027 y hasta el 2050, define indispensable usar agua desalinizada desde Matamoros, inyección de agua tratada en acuíferos, incorporar agua desde la presa Vicente Guerrero, y construir un segundo acueducto desde la presa El Cuchillo. El Plan, desde ningún enfoque, considera prioritario desarrollar Monterrey VI.
Monterrey VI responde a intereses de negocios privados y no a la necesidad de garantizar abasto. El gobierno no tiene el dinero para su implementación, por lo que requiere dinero no público; esto define pronósticos con un alza en el precio del agua para recuperar inversiones: en los hechos, una privatización del derecho humano al agua. A esto se añade el origen de las aguas del río Pánuco, procedentes del drenaje sanitario de la Ciudad de México.
Monterrey VI no tiene sostenibilidad hídrica y favorece a intereses de negocios basados en lo público. El gobierno de Samuel García debe cancelarlo y encauzar en implementar los proyectos que se definen en el Plan; de ese modo, la seguridad hídrica en Monterrey será posible.
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Esta columna fue publicada originalmente en ABC Noticias el viernes 4 de marzo de 2022.
