Monterrey, N.L. a 8 de junio de 2020
Desde Pueblo Bicicletero manifestamos nuestro rechazo a la afectación económica y operativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), originada por el decreto de austeridad publicado por el presidente de México, en el cual no se incluyen como excepción la operación de ambas instituciones.
Consideramos relevante que en el Ejecutivo Federal se determine prioritaria la operación de programas en apoyo a las personas adultas mayores, con discapacidad, o la defensa de los derechos humanos. Razonamos como contrario al interés público, que, por encima de los trabajos de las dos principales instituciones del sector ambiental, estén obras como la rehabilitación de seis refinerías o el tren maya.
El decreto que afecta a la CONANP impacta al cuidado del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM), fuente estratégica desde la que el gobierno de Nuevo León extrae agua utilizada para consumo humano en la Zona Metropolitana de Monterrey. También los trabajos anuales para la restauración del PNCM, y con ello, los ingresos económicos que recibe la población local por implementarlos. No desarrollar estas acciones abona en la vulnerabilidad del espacio natural protegido, afectando la seguridad hídrica de nuestra ciudad.
Con el decreto de austeridad y la cancelación masiva del dinero para servicios generales y materiales y suministros, se ahondará la crisis de la PROFEPA, que ya tenía reducida su operación al mínimo antes de la pandemia, afectando aún más la obligación de garantizar justicia ambiental en nuestra entidad. Esto influye en la atención a cualquier denuncia ciudadana sobre daños a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y como asunto de fondo por su impacto mortal en la población, en la capacidad de dar respuesta adecuada a los efectos de la contaminación atmosférica, ocasionada mayormente por proyectos determinados en el decreto de austeridad como prioritarios, siendo el caso de la refinería Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.
Nuestro rechazo, no incluye un reconocimiento total al trabajo realizado por la CONANP en la entidad. Señalamos los pasivos de su trabajo, la incapacidad para realizar alianzas institucionales y ciudadanas consolidadas de modo suficiente, la gestión reducida para articular presupuestos dedicados al cuidado de las ANP bajo su responsabilidad, y el despido consciente de personal técnico científico capacitado, bajo criterios personales, y no de interés público. Esto tiene como resultado histórico la degradación ambiental de los espacios protegidos, y con ello, de los servicios que de estos se originan. Por ello demandamos al Ejecutivo Federal que enfoque sus acciones hacia esos pasivos, que difícilmente tendrán solución con recortes de presupuesto enmarcados más en políticas neoliberales, que en la narrativa de estar a favor de la población desfavorecida.
Rechazamos también la postura institucional de la CONANP, que ha desestimado los recortes, cuando su comisionado ha manifestado públicamente la precariedad en el desempeño de su trabajo. Esto representa una la sumisión frente al Ejecutivo Federal, acción altamente incongruente con el rechazo público a la medida expresado por directores, guardaparques y personal administrativo de la institución.
Demandamos al Ejecutivo Federal la cancelación de los recortes de presupuesto a estas instituciones, con la base previa de que históricamente han sido sujetas de medidas de esa índole; que en el año presente, la administración actual redujo significativamente a niveles mínimos el dinero necesario para todo el sector; y de que, con las medidas de austeridad, la depredación de ambas instituciones, será consolidada.
Consideramos que una alternativa a la decisión de afectar presupuestos públicos estratégicos, debe ser diferir la implementación de obras ampliamente cuestionadas por diversos sectores de la sociedad mexicana, como los megaproyectos neoliberales del tren maya o el corredor transístmico de Tehuantepec, que demandan desde el dinero público miles de millones de pesos
La seguridad social de la población desprotegida y marginada, va ligada a la salud e integridad de los ecosistemas. Como se establece en la Carta de la Tierra, no hay justicia social sin justicia ambiental. Hoy, las acciones del Gobierno de México, son contrarias a esa visión indispensable.
PUEBLO BICICLETERO
También puedes apoyar firmando esta petición elaborada por Greenpeace México.
