Tras el telón de lo que entendemos comúnmente por activismo, se gesta un proceso mucho más importante, uno que es la columna vertebral de un logro alcanzado y que está lejos de lo que una sociedad como la regiomontana puede llegar a juzgar de inútil, escandaloso y subversivo: la gestión con instancias gubernamentales.
Hagamos historia: aquel lunes 5 de enero de 2015 llegamos al predio contiguo al Palacio Legislativo, en pleno centro de la Ciudad, dispuestos a detener máquinas, trepar árboles, hacer una cadena humana o lo que fuera necesario para frenar el inicio de obra de manera pacífica.
Éramos integrantes de organismos de la sociedad civil como Pueblo Bicicletero, Hola Vecino, La Banqueta se Respeta y Reforestación Extrema, entre otros.
Aquella era la fecha programada para arrancar la construcción del estacionamiento que nuestros Diputados de la LXXIII Legislatura querían obrar con 55 millones de pesos del erario para ahorrarse la caminada desde el estacionamiento subterráneo de la Macroplaza al Congreso.
Ese día no ocurrió nada. Nunca llegaron las máquinas, no se acercó ninguna autoridad y decidimos instalar un campamento para evitar la ocupación del predio por parte de algún otro actor, situación que haría ilegal nuestro reingreso.
La suspensión provisional se logró hasta el 16 de enero por un punto de acuerdo de la Comisión de Coordinación y Régimen Interino del Congreso del Estado (Cocri).
Los medios jugaron un papel importante al darle proyección a la protesta. Sumado a las redes sociales de quienes ocupamos el predio y las redes ciudadanas de cada una de las organizaciones involucradas, pronto tuvimos un apoyo que hizo posible resistir frío, hambre y lluvia.
Nuestra instalación dio para estar ahí día y noche sin la menor carencia, y la circulación de la nota en la prensa, para que alrededor de 3 mil 500 personas pasaran a visitarnos y firmar en apoyo a la creación de un parque en vez de un edificio para autos. El apoyo ciudadano fue determinante.
Pero lo que hay que resaltar aquí es lo que pasó entre el 18 de enero de 2015, que levantamos el campamento, y el día de hoy que estamos inaugurando un nuevo Parque Ciudadano.
Eso que nadie vio, que no salió en las noticias. Eso para lo que fue suficiente un pequeño comité y que sucedió durante casi tres años mientras la Ciudad olvidaba que hace algún tiempo un grupo de personas ocupó un terreno para detener otra de tantas obras que emprenden nuestros gobernantes en su particular idea de lo que es un buen ejercicio del erario.
Después de cuatro solicitudes escritas al Congreso para requerir información sobre los permisos de construcción; una convocatoria ignorada de diálogo público con los Diputados; una solicitud de acceso de información a la Sedue que reveló que el permiso de tala de árboles estaba expirado; un amparo haciendo alusión al Artículo 4 de la Constitución Mexicana (que entre otras cosas señala que «toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar»); oficios a la Cocri, Secretaría de Finanzas y Sedue solicitando la revocación de permisos otorgados para utilizar el polígono; luego de todo eso se consiguió por otra vía entablar un diálogo, ya con la nueva Legislatura.
Me parece imprescindible que más ciudadanos sepamos que bajo la punta de un iceberg que es la manifestación pública de un descontento, lograr mover el aparato gubernamental en favor del bien común requiere trabajo, constancia, paciencia y algo muy importante: conocer las funciones de nuestras instancias gubernamentales.
En este caso, el proceso mismo fue educativo. Después de una decena de reuniones, constante comunicación, negociaciones y más tareas, una vez que fue anunciado el concurso «Hagamos el Parque Ciudadano», el 7 de marzo de 2017, tenemos hoy un espacio recuperado para la ciudadanía.
Esta semana no sólo inauguramos un parque: inauguramos un emblema de participación ciudadana organizada e informada, de las capacidades de gestión y de interacción con la administración pública.
Si bien el Parque Ciudadano no es el único ni el primer ejemplo de un logro alcanzado por la vía institucional, sí es, por su proyección y valor simbólico, uno que abre camino a otros grupos para que logren influir en la materialización de la voluntad política y mantener un balance en el devenir público.
Es prueba de que hoy se construye una nueva tradición de participación ciudadana en Nuevo León.
El autor es sociólogo por la UANL y ha colaborado con diferentes ONG.
eemiliano.sanchez@gmail.com
Opinión publicada en El Norte el 14 de abril de 2018
Fotografía: Parque Ciudadano / Autor: Oswaldo Zurita
