Advierten organismos que pocas sanciones alienta a cometer irregularidades en La Huasteca
Imelda Robles y Victoria Félix / El Norte
Tras publicarse ayer que en los últimos 20 años la Profepa ha aplicado sólo nueve sanciones por desmontes y construcciones ilegales en La Huasteca, agrupaciones ciudadanas reprobaron el mensaje de impunidad que envían las autoridades.
«Esa incapacidad institucional se refleja justamente en las sanciones de estos hechos», dijo Antonio Hernández, biólogo e integrante de Pueblo Bicicletero.
«Si la gente mira que construye, que desmonta, que invade los ríos y la autoridad no sanciona, el mensaje es que pueden hacer lo que se les antoje».
En respuesta a una solicitud de información vía transparencia, la Profepa informó que en La Huasteca se han impuesto cuatro multas, tres clausuras de predios, un decomiso y una amonestación.
Hernández expuso que desde los últimos dos sexenios, y en el actual, las instituciones han reflejado que no tienen capacidad para ejercer sus atribuciones en el cuidado de las áreas naturales federales.
«Hay una degradación ambiental generalizada y la principal causa es el desarrollo urbano sin regulación», indicó el integrante de Pueblo Bicicletero.
Iliana Reyna, integrante de la agrupación Unidos por Santa, consideró prioritaria la creación de un Plan de Manejo del área protegida y pidió integrar a los ciudadanos en las decisiones del Gobierno para que no sean a puerta cerrada.
«Se necesita que el ciudadano esté integrado en cualquier decisión del Plan de Manejo de La Huasteca y del Parque Nacional Cumbres. Y eso es lo importante, que no se tomen las decisiones a puerta cerrada», señaló.
Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, aseguró que la Profepa enfrenta un rezago por parte del Gobierno federal y por eso no tiene recursos para aplicar los procedimientos.
«Imagínate que haya un funcionario público que no tenga un vehículo con gasolina para ir a hacer su trabajo, pues no va a poder hacer su trabajo, por eso hay nueve procedimientos en 20 años», expuso.
Otro factor que influye, agregó, es que La Huasteca tiene un marco jurídico «sumamente ineficiente».
Nota publicada en el periódico El Norte el 16 de junio de 2020.
){kind=link}