El pasado lunes 11 de octubre participamos en un foro en el que estuvieron presentes los presidentes de las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano, Antonio Elosua Gonzalez; de Desarrollo Metropolitano, José Filiberto Flores Elizondo; de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mauro Guerra Villarreal; la presidenta de la comisión de Movilidad, Lorena de la Garza Venecia; y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos de la Fuente.
En el foro también participaron representantes de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey A.C., el Colegio de Arquitectos y Reforestación Extrema.En la exposición, Georgina Treviño, integrante de Pueblo Bicicletero, señaló la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo para vigilar (y en su caso corregir) los proyectos de Presupuesto de Egresos para el 2022 de gobiernos municipales y gobierno estatal.
La Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León obliga a las autoridades a garantizar la distribución de los recursos presupuestales de acuerdo a la jerarquía de movilidad que establece el Artículo 5.De igual forma, las y los legisladores deben vigilar que se asigne presupuesto para que los gobiernos puedan implementar y operar sus programas o planes de de seguridad vial (Arts. 64 y 65 LMSANL) y sus estrategias de movilidad en bicicleta (Art. 119) y de movilidad peatonal.
Entre otras acciones legislativas necesarias se mencionó la necesidad de reformar la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León para integrar lineamientos para la movilidad peatonal (actualmente no existen) con perspectiva de política pública y derechos humanos. Deben ser similares a los de la movilidad en bicicleta.
También se señaló la necesidad de reformar la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de siniestros viales, de acuerdo a la jerarquía del Art. 5 de LMSANL, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos.
Por ´último, se les informó que se ha solicitado formalmente al H. Congreso del Estado de Nuevo Leon su intervención para resolver diversos aspectos relacionados con la certeza jurídica (uso de suelo), así como el mantenimiento y los cuidados necesarios, para garantizar la protección del Parque Ciudadano.
