La velocidad y la negligencia nos están matando.
Pongámosle un alto a la violencia vial; por una movilidad incluyente y calles seguras.
En la última semana, siete ciclistas fueron víctimas de la violencia vial que se vive en la entidad. Cuatro de ellas murieron. En lo que va de 2020 han muerto 12 ciclistas. Todos estos casos podrían haberse evitado si la ciudad tuviera una estrategia integral de seguridad vial, que garantice el Derecho a la Movilidad sin poner en riesgo nuestras vidas.
Karina Judith Cárdenas Zuviri, Cristina Serna Ramírez, Nicolás Villela Martínez y Mario Salvador Contreras, no son solamente un número más en las estadísticas. Sus muertes dejan un vacío en los corazones de sus familiares y amistades.
Sus muertes reflejan el abandono por parte de las autoridades, el incumplimiento de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León (Ley de Movilidad), así como de los reglamentos de tránsito.
Vivimos una grave crisis de salud pública, Nuevo León es líder nacional en hechos de tránsito con más de 80 mil casos al año, el triple que el segundo lugar nacional, según cifras del INEGI al 2018. Dicha institución también señala que en ese mismo año murieron 692 personas por hechos de tránsito y 6 mil 379 más resultaron heridas en siniestros viales en el estado.
A pesar de que ya existen elementos normativos que obligan al Estado y a los Ayuntamientos a implementar medidas para garantizar el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, hay omisiones y retrasos graves en su aplicación. Han transcurrido ya 6 meses desde la publicación de la Ley de Movilidad y no hemos visto avances concretos en el tema.
Además, ante este panorama de muerte, lo único que hemos hecho como sociedad es restarle importancia al llamarle a los hechos de tránsito: “accidentes”, como si todos fueran resultado de la casualidad o el azar. Debemos comprender que la gran mayoría de los siniestros viales son predecibles y prevenibles, y que sus causas son controlables. Entender este elemento del lenguaje tan básico nos permitirá tomar conciencia y acciones para evitarlos.
De igual manera, debemos entender que la jerarquía de movilidad se establece con base en la vulnerabilidad de las y los usuarios y en las externalidades que generan los modos de transporte. El simple hecho de conducir un vehículo automotor es automáticamente una gran responsabilidad al ser el más peligroso en el espacio público por su capacidad de hacer daño a estos usuarios, debido a su peso que es mayor a una tonelada, y que pone en riesgo a peatones y ciclistas.
En este sentido, enfatizamos que andar en bicicleta NO es peligroso, sino que lo peligroso es el diseño vial que favorece a los vehículos automotores, incentivando la velocidad que es la principal causa de muerte en los hechos de tránsito. Y se suma a la negligencia que prevalece en la aplicación de leyes y reglamentos y a la ausencia de una estrategia educativa y cultural en materia de movilidad.
Dado que la gestión de la movilidad es responsabilidad compartida entre instituciones y autoridades, para tomar acciones concretas sobre la terrible problemática de salud pública que es la inseguridad vial, hacemos públicas las siguientes exigencias:
Al gobierno del Estado de Nuevo León
Recalcamos que el Gobierno del Estado está obligado por el Artículo 64 de la Ley de Movilidad a elaborar una política estatal de seguridad vial que considere la jerarquía de movilidad, la vulnerabilidad de los usuarios y las externalidades que pueda ocasionar cada medio de transporte; así como a elaborar las bases para la coordinación entre las autoridades municipales para la prevención y atención de hechos de tránsito y su seguimiento respectivo, y propiciar la construcción y adecuación de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos con apego a la seguridad vial. De manera que, exigimos que el Gobierno del Estado de Nuevo León se comprometa con una fecha límite a corto plazo a presentar la Política Estatal de Seguridad Vial con enfoque prioritario en peatones y ciclistas, tal como marca la Ley.
Desde este mismo nivel de gobierno, denunciamos las filtraciones presuntamente ilegales de evidencia multimedia recabada por los C4 de Monterrey y San Pedro Garza García, que forman parte de carpetas abiertas de investigación. Su divulgación contribuye a la revictimización constante hacia nuestras compañeras ciclistas fallecidas.
Al Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León
Reprobamos la falta de acción del Instituto y el incumplimiento de sus atribuciones conforme a la Ley de Movilidad. Por lo que, exigimos que el Instituto coordine la implementación metropolitana de políticas públicas en materia de movilidad sostenible, incluyendo gestión del presupuesto para su ejecución. El Instituto debe exhortar a los Ayuntamientos a cumplir con la actualización de sus reglamentos municipales conforme a los criterios de la Ley de Movilidad. Además, señalamos específicamente la falta de opiniones técnicas o dictámenes para la realización de proyectos y obras, la falta de colaboración con autoridades en materia de capacitación, seguridad vial y cultura vial, y la falta de instrumentación de programas y campañas de cultura de movilidad, según se establecen en los Artículos 23, 60, 61 y 62 de la Ley de Movilidad.
Al Congreso del Estado de Nuevo León
Para el 2020 el Congreso de Nuevo León renunció a una de sus principales atribuciones: asignar presupuesto público para la movilidad peatonal y ciclista. Esto no puede volver a suceder. Exigimos que, durante la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2021, asignen los recursos públicos suficientes para el desarrollo de las estrategias de movilidad en bicicleta del Estado y de los Municipios.
También, demandamos al Congreso reformar la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León para reconocer en este instrumento normativo a las víctimas de la violencia vial, particularmente a las y los usuarios vulnerables como establece la jerarquía del Artículo 5 y el párrafo 2 del Artículo 63 de la Ley de Movilidad. Esto obligará a las autoridades administrativas a nivel municipal y estatal a establecer protocolos de actuación integral para las víctimas de la violencia vial y sus familiares.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Rechazamos la lentitud en la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la Queja por la violación al Derecho a la Movilidad que, desde nuestra organización y con el acompañamiento de familiares de víctimas ciclistas, ingresamos en esa institución hace 6 meses. Hasta el momento, seguimos sin respuesta. Denunciamos el silencio de la Comisión, el incumplimiento de sus objetivos de trabajo para proteger a las víctimas, y su indiferencia ante las víctimas mortales de los días recientes. Además, demandamos que haga pública una recomendación al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos por su incumplimiento en garantizar el Derecho a la Movilidad.
A los Ayuntamientos
Los Municipios están obligados por ley a tener un programa de seguridad vial que garantice la reducción de siniestros viales, el cual no han dado a conocer, si es que lo tienen. Señalamos que los Municipios están obligados por el Artículo 65 de la Ley de Movilidad a instrumentar y articular políticas públicas que vayan orientadas a erradicar las muertes y lesiones por hechos de tránsito, a atender los criterios en materia de seguridad vial con la finalidad de asegurar el desplazamiento seguro de las personas, y a garantizar que las vías públicas y el espacio público proporcionen un nivel de servicio adecuado para todas las personas sin importar el modo de transporte que utilicen. Por tanto, exigimos que los Municipios desarrollen e implementen con carácter de urgente sus planes y programas en materia de seguridad vial y las estrategias de movilidad en bicicleta, y que actualicen sus reglamentos municipales conforme a la Ley de Movilidad.
Asimismo, exigimos que en todos los casos de muertes de ciclistas las dependencias municipales de Seguridad y Tránsito realicen una procuración de justicia eficiente y exhaustiva, conforme a los Artículos 5 y 63 párrafo 2 de la Ley de Movilidad.
A la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León
Hacemos un llamado a cada integrante de la Junta de Gobierno a ejercer con plenitud las atribuciones que poseen para la operación del Instituto y, de modo urgente, cumplir las recomendaciones necesarias para que el mismo garantice el Derecho a la Movilidad, y, en consecuencia, el que cualquier traslado que se realice en bicicleta, sea efectuado con seguridad.
Al Gobierno federal
La violencia vial se replica en las carreteras federales de nuestro estado. Tenemos registro de la muerte, con altos niveles de violencia, de al menos seis ciclistas e innumerables peatones, perpetradas en estas vías federales de la entidad. Demandamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar la gestión de la movilidad en las carreteras, siempre priorizando la seguridad peatonal y ciclista. Son inaceptables las altas velocidades en esas vías que atraviesan centros de población urbana, y es tiempo de que estos espacios sean administrados con las nuevas políticas de movilidad que desde la SEDATU se han planificado.
Particularmente, hacemos un llamado al gobierno federal a entregar la Carretera Federal 85, conocida como ‘Carretera Nacional’, a la administración municipal para que esta vía con altos centros de población sea contemplada con las reglas de tránsito urbanas.
A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León
Históricamente ha habido un abandono total de la Fiscalía en apoyo a las víctimas de hechos de tránsito y a sus familiares. Exigimos a la Fiscalía atender y llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones pendientes de ciclistas muertos, sin revictimizar a las personas afectadas. Es su responsabilidad garantizar protocolos de actuación integral para víctimas de la violencia vial y sus familiares. Es indispensable que la procuración de justicia por parte de la Fiscalía se base en los artículos 5 y 63 párrafo 2 de la Ley de Movilidad.
Al Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial
Hacemos un llamado al Gobierno del Estado para poner orden en el trabajo y las responsabilidades del Observatorio. Esta institución tiene atribuciones altamente relevantes para la estrategia de seguridad vial como “coadyuvar con el Instituto en el análisis de los hechos de tránsito ocurridos en el Estado, su naturaleza, frecuencia, distribución, causas y consecuencias, para diseñar y, en su caso, proponer a las autoridades competentes las estrategias, programas y políticas públicas encaminadas a la prevención”. En todo el 2020, el OCISEVI no ha convocado a reuniones de trabajo y desde su creación no ha ejercido su facultad para emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.
A los medios de información
Hacemos un llamado a realizar el ejercicio periodístico conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal para resguardar la identidad de las y los ofendidos y evitar la revictimización plasmada en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sabemos que los medios de comunicación son instituciones fundamentales para la transformación social de nuestra sociedad, por lo que les invitamos a revisar desde la óptica de los Derechos Humanos las problemáticas de la seguridad vial y visibilizar las posibilidades y beneficios de la movilidad sostenible para nuestras comunidades.
A la comunidad ciclista y a la sociedad en general
Hacemos un llamado a la comunidad ciclista a solidarizarse con las familias de las víctimas para la exigencia de justicia y reparación de los daños, incluyendo los psicosociales. Un llamado a organizarse para construir una ciudad que incluya a las y los ciclistas, a todas las personas.
A la comunidad en general hacemos un llamado a la empatía y a la solidaridad. A compartir las calles de manera armoniosa. Comprendiendo que a mayor diversidad de usuarias de la vía pública, más seguras serán nuestras calles. Mientras más ciclistas circulen por la ciudad, mejorará la calidad de aire, mejorará la salud pública, mejorará la calidad de nuestras vidas.
PUEBLO BICICLETERO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
22 DE JULIO DE 2020
