Respuesta a declaraciones de San Pedro Garza García sobre el amparo de la ciclovía en Av. Alfonso Reyes | Comunicado

  • La orden judicial es clara; la respuesta municipal, una evasión.
  • Testimonio en video muestra el hostigamiento y las agresiones que ahora sufren ciclistas en la antigua Vía Libre

Monterrey, Nuevo León, 21 de noviembre de 2025.

Ante las declaraciones del Municipio de San Pedro Garza García (SPGG) publicadas en medios de comunicación (ver nota) donde minimiza el mandato judicial para proteger a las personas ciclistas, Pueblo Bicicletero aclara lo siguiente:

1. La orden judicial es de protección inmediata, no de mera inspección.
Es falso afirmar que las medidas son solo aplicables «en caso de ser necesario». La jueza federal ordenó al Municipio tomar acciones inmediatas para proteger la vida de las personas usuarias de la bicicleta. La inspección forma parte de esta obligación, pero no sustituye el deber de garantizar seguridad. Reducir la orden a una simple verificación constituye una evasión del mandato judicial.

2. El municipio no tiene discrecionalidad para ignorar el peligro.
La suspensión provisional se concedió tras reconocer la existencia de un peligro inminente y la probable ilegalidad del retiro de la ciclovía. Por lo tanto, el municipio no tiene margen de decisión para evaluar si protege o no; la obligación de establecer medidas de seguridad es inmediata y obligatoria.

3. La “regeneración” no justifica el riesgo ni la opacidad.
La defensa del municipio sobre una «regeneración» que «prioriza al peatón» es una evasión del fondo del mandato judicial: la eliminación de la infraestructura ciclista segregada generó un riesgo inminente y fue probablemente ilegal.

Además, este proyecto es regresivo y contradictorio:

  • Ensancha los carriles vehiculares, lo que fomenta mayores velocidades y aumenta la probabilidad de siniestros graves.
  • Promueve un concepto erróneo de la movilidad, limitando el «espacio» ciclista a un uso «recreativo», cuando la ley estatal reconoce la movilidad como un derecho humano y exige el incremento gradual de ciclovías (principio de no regresividad).

Finalmente, la justificación del proyecto carece de transparencia. Los estudios técnicos que supuestamente sustentan este rediseño fueron clasificados como información reservada, incumpliendo la obligación de tomar decisiones públicas basadas en evidencia accesible.

La situación actual en Alfonso Reyes: un riesgo inminente materializado.

Hoy, miércoles 21 de noviembre, una integrante del colectivo Bicibus SPGG documentó en video la realidad que el municipio pretende ignorar: la Avenida Alfonso Reyes es hoy una zona de alto riesgo sin condiciones mínimas de seguridad.

«Hoy casi me atropellan. Fue una de las peores experiencias en bicicleta que he vivido. Salí a probar si era posible continuar con el bicibús y llevar a nuestros hijos a la escuela en bici. La respuesta es no.

«Alfonso Reyes no es opción: no hay vía emergente, no hay apoyo de tránsito, no hay medidas de protección. Es un peligro real para cualquier persona que no vaya en coche.

«¿Vamos a estar 10 meses desprotegidos mientras construyen? Eso va contra las normas de movilidad y contra nuestros derechos como peatones y ciclistas. No podemos quedar expuestos así.

«Te pido que ayudes compartiendo este video. Necesitamos seguridad para quienes también nos movemos de forma sustentable. 🚲💛»

En la zona con obra: La vía se reduce a un solo carril vehicular. No existe banqueta, ni pasillo peatonal temporal, ni espacio alguno para ciclistas. Las personas son forzadas a compartir un único carril con vehículos motorizados, resultando en situaciones de casi-atropellamiento y agresiones constantes por parte de automovilistas.

En la zona sin obra: Donde antes existía la ciclovía confinada, ahora hay un carril vehicular adicional. Quienes intentan circular en bicicleta por el carril derecho, como lo establece el reglamento, son hostigadas, evidenciando un ambiente vial hostil e inseguro.

Este testimonio visual es la prueba irrefutable del «peligro inminente» que la jueza federal ordenó mitigar. No hay señalización, no hay agentes de tránsito orientando la convivencia vial y, sobre todo, no hay voluntad del municipio para garantizar el derecho a la movilidad consagrado en la Constitución, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León las cuales exigen incrementar la infraestructura segura, no destruirla.

Ante esta evidencia, Pueblo Bicicletero exige al Municipio de San Pedro Garza García acatar de manera inmediata, completa y de buena fe la suspensión provisional. No hay espacio para interpretaciones: la orden es proteger vidas. La situación documentada hoy no es una anécdota; es la consecuencia directa de una decisión regresiva y de la inacción frente a un mandato judicial.

#MovilidadSegura #SeguridadVial #DerechoalaMovilidad


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