20 de abril, 2020
Hace un mes, una dermatóloga de un hospital del sur de Monterrey me atropelló.
Era el primer jueves de la cuarentena y salí en bici al terminar de trabajar. Después de un rato, me animé a hacer una subida. Pasaba frente a una caseta cuando vi a mi derecha, en alto, un carro detrás de la aguja. Aún no salía de la colonia y su ángulo de vista era amplio así que decidí seguir.
Y seguí. Pero el auto arrancó. De pronto vi de reojo cómo que algo se aproximaba a mucha velocidad, pero cuando volteé a mi derecha el carro ya estaba sobre mí. Hubo mucho ruido: el chillido de las llantas, el impacto de su carro contra mi bici y el tronar de alguna parte de mi cuerpo. En cuestión de centésimas terminé en el suelo.
Sentía tanto dolor en la rodilla izquierda que mi cuerpo no pudo reaccionar de otra manera más que soltando el grito más agudo y fuerte que he hecho en mi vida. Le siguieron otros.
Las personas comenzaron a acercarse; yo suplicaba por algo para aminorar el dolor. La dermatóloga me dio un Supradol sublingual mientras se quejaba con la gente, “se me echó encima”.
“Ella se me echó encima”, decía. Y yo no tenía cabeza más que para llorar, pedir que avisaran a mi mamá y pedir perdón. Minutos después llegó su esposo, otro doctor, que me revisó las piernas y concluyó “no te pasó nada”, un diagnóstico incorrecto, ya que terminé con el ligamento cruzado e inferior roto, el ligamento lateral parcialmente roto y una probable fractura incompleta de fémur.
Aún sabiendo que tenía que hacerlo, no llamaron a su seguro. Al llegar mis papás, me levantaron, con ayuda del doctor, y me llevaron al hospital. Una vez en Urgencias, el esposo de la infractora entró conmigo y le pidió a la enfermera que no le hablara al traumatólogo, que él ya me había revisado y que yo no tenía nada. La enfermera, sin embargo, siguió el protocolo.
Estando en el hospital, contactamos al seguro de la dermatóloga. Sin embargo, decidimos no proceder con él porque el ajustador dijo que de ser así, la infractora tendría que estar 48 hrs detenida y, entre la pandemia y la consideración común, mostramos compasión.
Después de eso, no supe de ellos. Retomamos el contacto cuando les pedí que pagaran una resonancia. Accedieron cuando les mostré el video donde su versión no se sostiene. Claramente me atropelló. Pagarían la resonancia a pesar de que, insistieron, fue mi culpa por no frenar para que el carro pasara.
Mi caso no es extraordinario. De hecho, formo parte de la gran cifra de hechos de tránsito que hacen que Monterrey sea la primera en esta categoría. Para 2018, en el Área Metropolitana hubo un total de 80 mil 863 siniestros según la INEGI, lo que equivale al 22% de todo el país. De ese total, 2,007 fueron atropellos.
En una ciudad donde reina el automóvil y donde las calles están diseñadas para que nadie más pueda circular, puede ser fácil olvidar una de las reglas más básicas de tránsito y vialidad como lo es el Artículo 2 del reglamento de Monterrey: el peatón, seguido por el ciclista, es quien tiene la prioridad del uso del espacio público.
¿Qué significa esto? Que el peatón tiene el paso en todos los cruces. Que un carro que se va a incorporar a una calle debe frenar para esperar que pasen los peatones, los ciclistas, los motociclistas e incluso el transporte colectivo. Que el peatón, o el ciclista, nunca tienen la culpa de ser atropellados.
Culpar una y otra vez a una persona por ser atropellada, además de actuar como si pagar lo correspondiente fuera más un favor que un deber, significa un doble atropello. Esta multiplicidad de atropellos seguirán sucediendo si las autoridades no atienden el grave problema de vialidad que año con año acaba con la vida de cientos de personas. Hoy yo puedo contarlo, pero muchos no correrán con la misma suerte
Opinión de Elena Urueta
