Presentación de iniciativa de #LeyDeMovilidadNL

Monterrey, N.L., a 14 de marzo de 2019

Las organizaciones aquí representadas hemos decidido combatir la severa crisis de movilidad en que estamos. Nunca antes habíamos enfrentado un panorama con servicios tan escasos y peligrosos.

A pesar de la opacidad y nula rendición de cuentas, sabemos que tenemos 2,500 unidades menos que hace 10 años y que las revistas mecánicas han pasado al olvido. Sigue latente la amenaza de un aumento en la tarifa, superior al 40%, y el porcentaje de viajes en transporte público es el más bajo en 25 años, apenas el 31%.

En acciones previas presentamos una declaración de rechazo a la Iniciativa de Ley de Movilidad que presentó el Ejecutivo y luego el Decálogo para una nueva #LeyDeMovilidadNL. La nueva Ley debe romper con los vicios clientelares del pasado, garantizar el derecho a la movilidad y generar beneficios tangibles para las y los usuarios, por encima de los intereses particulares.

Aunque hay otros caminos, creemos que la vía legislativa es la solución de fondo, por eso hoy presentamos al Congreso de Nuevo León la Iniciativa Ciudadana para una nueva #LeyDeMovilidadNL.

Proponemos un abordaje sistémico, que ponga en el centro a las y los usuarios., que coordine y alinee recursos y capacidades de todos los actores gubernamentales para generar servicios de alta calidad, cómodos y seguros.

En materia de transporte público proponemos, entre otras cosas, que:

Refundar el sistema de transporte público haciendo co-partícipes a los gobiernos locales. Todos los gobiernos locales invertir en servicios para la movilidad.
Los prestadores de servicios de transporte público deben competir por los servicios que quieren prestar, vía licitaciones públicas y competitivas.
No más permisos o “concesiones” discrecionales. El mecanismo adecuado es el de los contratos por incentivos, con duración variable asociada al tipo de vehículo y servicio por prestar; previo estudio y proceso competitivo.
Los servicios se pagarían por una variable de intensidad (veh-km, por ejemplo) y un estándar de calidad, no por pasajero transportado.
El recaudo y los sistemas de información sean provistos directamente por el regulador, o vía terceros, pero nunca por los mismos transportistas.
El regulador asume la función de “ordenar” los servicios y, por lo tanto, se obliga a estudiar y estructurar cada ruta que ofrezca o se transforme.
Toda la información que se genere en estudios, operación y gestión de los servicios es propiedad de la Autoridad. La información se registra, almacena y explota en la modalidad de datos abiertos, respetando todas las regulaciones de protección de Derechos de Privacidad.

Para que esto sea posible, el primer gran cambio debe darse en la gobernanza del sistema y la Autoridad debe tener recursos y capacidades técnicas.

Esto implica una gobernanza en donde estén todas las partes aportantes: estado, municipios y usuarios. Proponemos un gobierno corporativo, con profesionales independientes y un Mecanismo de Visión y Empoderamiento Social. El Mecanismo de Visión y Empoderamiento Social sería el responsable de que los planes, programas, proyectos y presupuestos tengan correspondencia con la meta. La meta tiene que ser: más viajes en medios sustentables para todas y todos los usuarios.

Al mismo tiempo, el espacio público debe ser protegido, ampliado y mejorado para alojar y alentar más peatones y más bicicletas. Con grandes redes para peatones y bicicletas, servicios de bicicletas públicas y servicios auxiliares asociados a la red de transporte público se puede incrementar la demanda servida en medios sustentables en 2 o 3 puntos porcentuales en muy pocos años.

Los servicios de transporte por medio de aplicaciones son bienvenidos, mas no son la única ni la mejor solución. Estos servicios deben tener una regulación mínima, orientada a la protección de los usuarios y deberán transferir una parte de sus ingresos para invertir en medios no motorizados y espacio público. Estos ingresos complementarían los fondos que las autoridades locales aportarían para el desarrollo de las iniciativas de movilidad sustentable.

Otro tema esencial en la #LeyDeMovilidadNL es el de los deberes y derechos de las y los usuarios y su protección.

Impresiona que el 20% de todos los accidentes de tránsito que se registran en el México ocurran en el Área Metropolitana de Monterrey, y resulta terrible que el 92% de las muertes registradas en Nuevo León (CONAPRA, 2014) correspondan a peatones y ciclistas. Por esto, también proponemos medidas de protección asimétrica:

Los titulares de las concesiones, permisos o contratos, son obligados solidarios de los propietarios y/o conductores, y deben responder por lo que estos hagan de forma inmediata.
La prima de los seguros se determinará por estudio actuarial, de tal forma que la suma asegurada sirva para cubrir todos los gastos que se generen en el incidente, particularmente aquellos que tienen que ver con la salud y bienestar físico de las personas que resulten lastimadas.
La figura del re-aseguro, o “seguro de segundo piso”, mediante el cual la Autoridad garantiza la prestación de los servicios de salud y resarcimiento de daños de manera inmediata.
En casos de incidentes o accidentes, la persona conductora del vehículo motorizado será considerada como responsable a menos que pruebe lo contrario.
El Observatorio de la Movilidad se financia desde lo público, pero se concede total autonomía y libertad para que lo gestione y administre la sociedad civil, sus tareas se centrarán en la observación y seguimiento de los grandes indicadores asociados a la visión y a los temas de seguridad.

Estas propuestas y todas las que están contenidas en la nueva #LeyDeMovilidadNL persiguen la materialización del derecho a la movilidad, para alcanzar y disfrutar de la ciudad, del trabajo, de la educación y de la salud. Más y mejores servicios son posibles con coordinación, transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, pedimos que esta #LeyDeMovilidadNL sea suscrita por las legisladoras y los legisladores, que sea discutida y aprobada en las Comisiones que corresponda, que pase al pleno y que sea aprobada en beneficio de toda la ciudadanía en Nuevo León.

Por una #LeydeMovilidadNL que priorice a las y los usuarios

Esta iniciativa de Ley es apoyada por las siguientes instituciones, organizaciones civiles y colectivos:

Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey
Bosque Urbano México
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Cómo Vamos, Nuevo León
Consejo Cívico
DistritoTec
Distrito Valle del Campestre
Greenpeace México
La Banqueta Se Respeta
Lab Ciudad U-ERRE
Movimiento de Activación Ciudadana – MOVAC
Sociedad de Urbanismo Región Monterrey, A.C.
Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey
Pueblo Bicicletero
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