Monterrey, NL. a 7 de junio de 2014
Todas y todos unidos por la seguridad y cultura vial
La sociedad regiomontana y de todo el país está indignada por la dolorosa pérdida de Heliodoro Rodríguez, un ser humano que tristemente pasa ser parte de las más de 16 mil 500 muertes anuales que se producen a causa de “accidentes” viales en México, debido a la criminal irresponsabilidad de los conductores y la negligencia de las autoridades.
Nos preocupa que se confunda un crimen con un accidente, cuando el segundo es una acción que involuntariamente resulta en daño para las personas o las cosas. Mientras que crimen, es la acción indebida o digna de reprensión.
La mañana del sábado 31 de mayo un grupo de 10 personas que conducían sus bicicletas por la Carretera Nacional, a la altura de Colonia Palmares Residencial, fue embestido por un automóvil conducido a exceso de velocidad por un joven en estado de ebriedad, lesionando a tres personas y dejando sin vida a Heliodoro Rodríguez.
Las víctimas -en esta ocasión- fueron ciclistas, pero podrían haber sido peatones, motociclistas, automovilistas, personal de un establecimiento en las orillas de la carretera. Cualquier persona, en cualquier lugar, podría haber sufrido las consecuencias mortales de la irresponsabilidad del conductor.
Nos preocupa que algunas voces declaren que la falta de un vehículo de protección es una de las causas del atropello, cuando en ninguna parte del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales (RTCF) se especifica que los ciclistas deban ejercer su derecho de tránsito con el apoyo de un vehículo motorizado. Más aún, nos preocupa que algunas personas responsabilicen a los ciclistas alegando que no tienen derecho de transitar en las carreteras, cuando el RTCF claramente reconoce a la bicicleta como un vehículo, además de dar a conocer los derechos y obligaciones de quien lo maneje (en el Capítulo III, Artículos 147 al 154).
Nos preocupa constatar que Heliodoro no es un caso aislado. Un día después de su muerte, dos elementos de la Fuerza Civil perdieron la vida tras ser impactados por un automovilista ebrio. Y antes, el 5 de mayo, una niña de 5 años perdió la vida cuando una camioneta conducida por una persona ebria impactó el auto de sus padres.
En 2011, según el Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial en México 2013 elaborado por la CONAPRA, los accidentes de tránsito en jóvenes fueron la segunda causa de muerte en Nuevo León: un 31.9%. Murieron más niños pequeños (menores de 5 años) y adultos mayores (de 80 a 84 años) por atropellamiento, que por ser ocupantes del vehículo. Según el reporte, en la entidad hubo durante 2011: 58 mil 418 siniestros, 524 muertos, 14 mil 487 heridos, lo que generó un costo a la sociedad de 3 mil 491 millones de pesos.
¿Hasta cuándo permitiremos que las muertes dejen de ser simples cifras para las autoridades? ¿Cuántos más tienen que morir para que actuemos? ¿Dónde está la responsabilidad de los automovilistas que conducen un vehículo?
Nos preocupa que algunos conductores, aprovechándose de la falta de acción por parte de las autoridades, decidan con absurda ligereza manejar su automóvil en estado de ebriedad o de manera imprudente.
Nos indigna que los gobiernos siguen alimentando la ciudad caníbal al fortalecer el “reino del auto” con infraestructura que incentiva a los automovilistas a conducir a altas velocidades y no garantiza seguridad vial para todas las formas de movilidad. Y, sobre todo, que al no aplicar la ley, fomentan una cultura vial que privilegia al automóvil por encima de las personas.
Nuestra indignación nos ha traído a unir nuestras voces para exigir justicia y acciones integrales para la eficaz seguridad vial y así garantizar el derecho universal a la movilidad que todas las personas tenemos.
Para reducir los factores de riesgo provocados por el manejo de vehículos motorizados a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o el uso de distractores al volante, deben tomarse acciones en los siguientes ámbitos: recolección de información y datos; modificación de leyes y reglamentos; vigilancia y control policial; formación de conductores, control en la emisión de licencias; revisión técnica vehicular; apoyo a las víctimas; creación de infraestructura inclusiva; promoción de la participación social; refuerzo de campañas de comunicación y concientización y planeación de una educación vial.
Por esto, las organizaciones que firmamos este comunicado solicitamos:
A las autoridades Municipales:
–> Cumplir y hacer cumplir las reglas establecidas en los Reglamento de Tránsito sin arbitrariedad alguna. La aplicación de la ley debe realizarse todos los días del año.
–> La creación de un Reglamento de Tránsito Metropolitano, donde el uso del espacio público por parte de los diferentes modos de desplazamiento debe ser conforme a esta jerarquía:
1) En primer lugar deben de estar los peatones; especialmente personas con alguna discapacidad y otros sectores de la población con necesidades especiales como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que tienen una limitación temporal.
2) Ciclistas
3) Transporte de pasajeros masivo, colectivo
4) Transporte de carga
5) Automóvil privado.
–> Difundir de una forma permanente y efectiva las reglas viales.
–> Impartir programas permanentes de cultura vial y de cultura de la legalidad que fomenten la importancia de compartir las calles, con respeto a la vida y la responsabilidad de cumplir las reglas viales.
–> Cancelar descuentos a multas de tránsito o en todo caso, promover un pago con servicio a la comunidad.
–> Realizar operativos especiales semanales -sin previo aviso y en diferentes fechas, horas y lugares, que garanticen su efectividad- para multar a automovilistas por violaciones al reglamento graves como: conducir a exceso de velocidad; no respetar altos, cebras peatonales y espacios de estacionamiento para personas con discapacidad; estacionarse sobre la banqueta, entre otros.
–> Tener un sistema de información pública y datos claros sobre los incidentes viales que especifiquen claramente el motivo de los mismos (fallas humanas, la infraestructura vial, fallas mecánicas).
–> Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación del programa de seguridad vial, con el objeto de llevar a cabo los cambios necesarios para su mejora continua.
–> Instalar señalamientos viales e infraestructura dirigidos a peatones, ciclistas y automovilistas para el uso correcto y seguro de la vía pública. Todo llamado a través de reglas y sanciones será difícil de ejecutar si no se cuenta con la infraestructura vial necesaria.
–> Dejar de privilegiar la inversión del presupuesto público en infraestructura exclusiva para los automóviles. Cualquier obra pública debe contemplar todas las formas de movilidad y promover la seguridad vial.
A las autoridades del Gobierno del Estado:
–> Establecer criterios más estrictos en el sistema de acreditación a conductores al tramitar la licencia de conducir por primera vez y en la renovación de la misma.
–> Mejorar la calidad del transporte público y crear políticas públicas eficientes que desincentiven el uso del automóvil.
–> Dejar de privilegiar la inversión del presupuesto público en infraestructura exclusiva para los automóviles. Cualquier obra pública debe contemplar todas las formas de movilidad y promover la seguridad vial.
Al Congreso del Estado de Nuevo León:
–> Establecer penas más severas para quienes conducen ebrios, que se establezca como un delito grave conducir en estado de ebriedad.
–> Sancionar severamente como conducta delictiva la acción de alertar sobre la localización de controles de alcoholemia, también llamados operativos de alcoholímetro.
A las autoridades del Gobierno Federal:
–> Cumplir con los compromisos adquiridos con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
–> Realizar acciones inmediatas para el fortalecimiento de la seguridad vial en las zonas federales.
–> Cumplir con el objetivo 4 del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 que dice “Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos”, que plantea garantizar el acceso a medios de transporte en condiciones de seguridad y equidad, desincentivando el uso del automóvil particular y fomentando los medios de transporte masivo y no motorizado.
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Abatir las lesiones, discapacidades y muertes causadas por siniestros de tránsito, requiere de un trabajo coordinado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones educativas y la sociedad en general.
Estamos convencidos de que, ante la talla de la tarea, hay acciones inmediatas, de corto y mediano plazo, que pueden ser aplicadas. Por esto exhortamos a la sociedad en general a reflexionar sobre nuestro papel ciudadano en la tarea de exigir a las autoridades el respeto a los derechos de todas y de todos, entre ellos, uno de los más indispensables, el derecho a la movilidad.
ATENTAMENTE
– Anima Urbis, A.C. (Bosque Urbano México).
– Asamblea Estudiantil Tec
– AVANCE Por los Derechos de México, A.C.
– Casa de Todas y Todos
– CEEAD – Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.
– Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
– COMAC
– COMALES
– CRESEX A.C.
– Deliberación, A.C.
– El Narval
– Género, Ética y Salud Sexual A.C.
– La Bola, Cultura Rebotando.
– La Estampida
– Movimiento de Activación Ciudadana A.C.
– Pueblo Bicicletero
– Reforestación Extrema A.C.
– TigreBici
– Vía Educación, A.C.
– Zombies en Bici
