12 de febrero de 2021
El derecho a la movilidad, representado por la posibilidad de trasladarse caminando a cualquier destino, no se respeta ni se garantiza en la Zona Metropolitana de Monterrey.
Eso se padece desde lo cotidiano, donde al caminar por las calles, éstas se encuentran abrumadoramente planificadas para ser usadas en automóvil, en desventaja mortal para quienes se mueven a pie.
Banquetas intransitables, de extensión insuficiente o inexistentes; funcionamiento de semáforos que favorecen el paso de vehículos sobre las personas; altas velocidades de cualquier vehículo motorizado; ineficaz aplicación de la ley respecto al cumplimiento de los reglamentos de tránsito; o políticas públicas sobre la movilidad peatonal inexistentes; son algunos de los elementos de la representación más consolidada sobre el incumplimiento del derecho a la movilidad.
Las cifras no desentonan con el escenario público anti derechos de la movilidad.
En el 2011, las longitudes de las vialidades peatonales en la Zona Metropolitana de Monterrey eran de 19.6 kilómetros, según el Conjunto de datos vectoriales de Carreteras y Vialidades Urbanas. Edición 1.0, Nuevo León 2011, del INEGI.
Sin embargo, al contabilizar los ejes viales peatonales en el 2020 se presenta la cifra de 17.4 kilómetros; una disminución de 2.2 kilómetros, según la información del Marco Geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Cabe señalar que la disminución en la extensión podría ser por fallas en la integración de los datos del INEGI. Si revisamos la misma información, desde la base de datos abiertos de OpenStreetMaps, la distancia de las calles peatonales en la Zona Metropolitana de Monterrey es distinta, con 28.8 kilómetros.
En cualquiera de los casos referidos, el derecho a la movilidad peatonal languidece respecto a las cifras de las vialidades destinadas a los vehículos con motor: el 0.09 % es dedicado a la movilidad peatonal (28.8 km) y el 99.9% a los vehículos con motor (28 mil 805 km).
Sabemos que las administraciones locales han implementado proyectos plausibles en este aspecto. Las obras para la ampliación de banquetas en el centro de Monterrey son ejemplo de esto; así como las obras similares en el primer cuadro del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Pero la relevancia de éstas se diluye ante el escenario metropolitano.
Aunque no presenta cifras sobre la ubicación o extensión de la red peatonal, el Documento Ejecutivo del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS-ZMM), determina conservadoramente, con información actualizada, que se deben construir mil 131 kilómetros de calles completas que favorezcan la movilidad peatonal.
Estos valores propuestos representan apenas el 3.4 % de la red pública vial destinada para caminar con seguridad, los cuales tendrían que revisarse bajo la visión de los derechos, donde se define que, en el uso del espacio público, quienes caminan van primero. En una mirada inicial, las cifras del PIMUS-ZMM, que hoy es la política pública de movilidad, quedan rezagadas y de corto alcance para revertir una carencia histórica.
Igualmente, los análisis del PIMUS-ZMM se restringen a las zonas urbanas de la ciudad, excluyendo los espacios en proceso de urbanización y los rurales inmediatos a la ciudad. Si en lo citadino el escenario de lo peatonal es adverso, para los otros territorios la desventaja tiene visos de mayor negatividad.
El derecho a la movilidad, en el contexto local, es obligatorio en su cumplimiento para el Ejecutivo estatal y los Ayuntamientos. Se determina así en la Constitución estatal y la Ley de movilidad respectiva. Es importante decir que la ley no cuenta con un capítulo sobre este aspecto, quedando limitados los criterios generales bajo los cuales tendría que regularse este aspecto de la vida pública en la Zona Metropolitana de Monterrey y todo Nuevo León.
Planificar e implementar el manejo favorable de la movilidad peatonal tiene varias perspectivas.
El PIMUS-ZMM, como actual política pública general del tema, debe revisarse y discutirse desde la visión de los derechos humanos. Eso hará que las propuestas que en dicho plan se incluyen sean realistas respecto a la abrumadora discriminación de las personas que caminan por las calles.
La Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, debe reformarse. Es urgente incluir un capítulo que determine la obligatoriedad del Ejecutivo y Ayuntamientos para garantizar el derecho a la movilidad peatonal, con la formulación y adaptación de los respectivos reglamentos estatales y municipales.
Por otro lado, debe haber reformas de fondo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), que la lleven a ejercer su obligatoria defensa de este derecho. El organismo defensor, históricamente y conscientemente ha estado ausente en la defensa de las miles de víctimas mortales y sobrevivientes de la ultra violencia vial en nuestra ciudad, y eso ya no debe tolerarse.
Antonio Hernández
antonio@pueblobicicletero.org
Foto de portada: Pueblo Bicicletero
